La comercialización de facturas y los mecanismos ilegales de contratación laboral son las dos conductas que más han afectado los ingresos tributarios de este país. La respuesta de las autoridades fiscales, de la mano de los tribunales, ha sido aumentar las obligaciones de los contribuyentes formales sin que haya acciones directas contra quienes realizan dichas conductas. El sistema legal actual es lo suficientemente robusto, pero la actitud del Fisco ha sido de total permisión. Celebro cualquier esfuerzo por combatir estas prácticas; erradicarlas resultará no solo en mayor recaudación sino también en el fortalecimiento de la cultura de legalidad y la percepción de justicia del sistema tributario mexicano.
Los que comercializan facturas intercambian, por un porcentaje de la deducción esperada, comprobantes fiscales para reducir la carga de impuestos. Una vez realizada la deducción, el dinero es retornado a los dueños de los negocios que “compraron la factura” ya sea en efectivo, vía préstamo o aportaciones de capital. La contratación ilegal de personal, por otro lado, elimina el ahorro obligado que se prevé en las leyes de seguridad social y reduce el pago de impuestos.
Los dueños de los negocios de venta de facturas y contratación ilegal de personal generan pérdidas ficticias y cambios corporativos, así como arreglos con las autoridades para estar libres de revisiones fiscales. En adición, son un núcleo en el que se intercambia dinero bancarizado por efectivo y viceversa. La forma en la que operan estos negocios es conocida por todos, ya que son comerciantes de ilegalidad fiscal que tienen representantes de venta en todo el país. Son las nuevas fortunas, las caras recientes en revistas de sociales y evidentes centros de poder de los últimos sexenios.
El paquete fiscal para el 2020 expresa preocupación por la emisión de facturas que amparan operaciones falsas (no así por la contratación ilegal). Para combatirla, el Senado ya aprobó considerar la enajenación de comprobantes que amparen operaciones inexistentes como delincuencia organizada (con lo que aplicaría la Ley de Extinción de Dominio), amenazas contra la seguridad nacional (junto con el terrorismo y la traición a la patria), y delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa, si es que son calificados. La reforma aprobada por el Senado coloca en esta misma situación al contrabando y la defraudación fiscal así como sus equiparables a partir de cierto monto. Si las cosas quedan así, si un contribuyente no tiene dinero para enterar el IVA retenido y la cantidad es superior a 7 millones, el juez deberá solicitar se lleve su proceso en prisión; sería considerado una persona que pone en peligro al Estado mexicano y podría proceder contra él la extinción de dominio.
El Ejecutivo propone ampliar los supuestos de responsabilidad solidaria de liquidadores, administradores, socios y accionistas de personas morales. Estas personas serán responsables por los impuestos no pagados (y que no alcancen a ser garantizados), en todos los casos. La reforma fiscal rompe la protección del velo corporativo, incentivo para quienes ponen su capital en riesgo. Inexplicable política pública la de desincentivar la cultura empresarial en un país cuyo crecimiento se detiene.
Comparto el diagnóstico. Me enoja profundamente el debilitamiento de las instituciones fiscales, así como la disminución en la recaudación y el ahorro interno generado por estas prácticas. El sistema normativo actual es suficiente. Las reformas propuestas incluyen supuestos y conductas que no son las que se dice se busca atacar. El resultado es que criminalizan innecesariamente a los contribuyentes cautivos y rompen de manera peligrosa el deseable círculo de cooperación entre Estado y ciudadanos.
La autora es profesora del ITAM.