"JUSTICIA FISCAL" (Alil Álvarez Alcalá, en REFORMA, 16 OCT. 19)

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La justicia fiscal es un buen negocio para el Estado. Se ha demostrado que un sistema fiscal considerado justo resulta en mayor cumplimiento voluntario o al menos reduce la resistencia de los individuos al pago de impuestos. Adam Smith señaló que: "el impuesto que cada individuo esté obligado a pagar deberá ser clerto y no arbitrario".


Los cambios propuestos a las leyes fiscales son poco claros y dejan espacio para la arbitrariedad.


Buscan adicionar una facultad para que las autoridades fiscales re-caractericen o consideren inexistentes ciertos actos jurídicos. Esta supuesta regla anti-abuso abre la puerta a una lectura flexible de la ley por parte del Fisco y no es acorde con una realidad fiscal mexicana, plagada de requisitos y formalidades para los contribuyentes.


La falta de certeza jurídica antes planteada difícilmente podrá ser remediada por asesores fiscales pues -contrario al secreto profesional- la iniciativa señala que los asesores deberán dar aviso a las autoridades de los "esquemas reportables" que son "cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos", que redunden en la obtención de un beneficio fiscal y que se ubique en alguno de los 29 amplios supuestos previstos en la propuesta del Ejecutivo. Gracias a esta redacción, son asesores fiscales inclusive los notarios, agentes de seguros, banqueros y cualquier persona cuya opinión o
participación resulte en un beneficio fiscal; no sólo los abogados fiscalistas y
contadores.

 

Los reportes recibidos serán analizados por un comité integrado por el SAT y la SHCP. En un plazo de ocho meses, se notificare al contribuyente la opinión sobre el esquema; si no lo hace, se considerará que el esquema es legal hasta en tanto se notifique una resolución en contrario. Sobra señalar la dificultad de empatar los tiempos empresariales con los tiempos del Estado, así como los incentivos perversos que se generan pues claramente no todos los casos podran ser revisados.


La propuesta del Ejecutivo le da al Fisco la facultad de visitar las oficinas del asesor fiscal y revisar sus expedientes, computadoras, contabilidad... Se interrumpe el plazo de caducidad (el tiempo durante el cual las autoridades pueden revisar los pagos de impuestos realizados), hasta en tanto no se dé a conocer la operación objeto de reporte. También se propone modificar la ley para aclarar que la presentación espontánea (sin que medie requerimiento de la autoridad o sin ser descubierto) del reporte no libera del castigo al asesor o contribuyente, política sancionatoria totalmente ineficiente y preocupante si consideramos que las multas pueden llegar a 20 millones de pesos. Hasta aquí, sumamos ya varias violaciones de derechos humanos mismas que se tornan aún más preocupantes si el asesor es abogado.


Todo lo anterior es contrario a la práctica internacional y a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los que se respeta el secreto profesional y la obligación de confidencialidad del abogado; los supuestos de reporte son claros y pocos; el proceso de reporte no implica la necesidad de esperar una respuesta; no se generan facultades para revisar a los asesores fiscales y no se modifican los plazos de caducidad.


La idea del entonces candidato López Obrador de generar un sistema en donde hubiera deseos genuinos de contribuir al gasto público está totalmente alineada con estudios recientes sobre el comportamiento de los individuos y alejada de lo que presentó su equipo al Congreso de la Unión. El punto que los aleja se ha denominado justicia fiscal e implica el respeto al sacrificio de entregar el producto de nuestro esfuerzo al Estado.

 


La autora es profesora del ITAM.

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